Los funcionarios públicos que usen sus influencias para saltarse la fila y aplicarse la vacuna de COVID-19 podrían pasar hasta con 9 años en la cárcel en caso de que sea aprobada la iniciativa presentada en el Congreso de la CDMX para sancionar a quien abuse de su puesto para acceder de manera ilegal y ventajosa a la vacuna.
La propuesta realizada por el diputado Nazario Norberto Sánchez, busca a la fracción III al artículo 462 bis 1, de la Ley General de Salud para sancionar hasta con 9 años de cárcel y una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien acceda de manera ilegal a la vacuna.
La propuesta también permitiría sancionar por aparte que el funcionario use sus influencias para que algún conocido o familiar reciba la vacuna, atención médica o insumos durante el brote de COVID-19 en el país.
La medida también buscará sancionar a quien cobre la aplicación de una vacuna incluida en el Programa de Vacunación Universal en alguna institución pública de salud, así como a quien venda las vacunas propiedad de las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud del país.
También serían sancionadas las personas que elaboren, transporten, distribuyan, comercialice o aplique vacunas no incluidas en el Programa de Vacunación Universal o previamente autorizadas por el Consejo Nacional de Vacunación así como las autoridades competentes.
Dicha propuesta ya fue turnada a comisiones de Salud de la Cámara de Diputados para ser evaluada.
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erv