Un año del Sistema de Justicia Penal

Aunque la reforma al Sistema de Justicia se aprobó en el 2008 y se dieron ocho años para que las entidades fueran adecuando sus leyes, esto solo ocurrió en pocos estados y fue hasta el 18 de junio del año pasado que 32 entidades del país lo adoptaron por completo.

A un año de la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, los resultados obtenidos en su implementación pasan más por la sensación de impunidad entre la población y la evidencia de falta de capacitación de algunas instancias, que por una mejora en los servicios de procuración e implementación de justicia, opinaron investigadores.

Para César Astudillo, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, una de la deficiencias del nuevo sistema es que la reforma ha avanzado de forma diferenciada entre los actores.

“El proceso de implementación ha ido a dos velocidades; yo creo que han avanzado más las instancias judiciales en capacitarse y ver cuáles son las exigencias que les efectuaba este sistema y no así las instancias de procuración de justicia, que se fueron rezagando, las instituciones no tuvieron un diálogo para jalar de manera homogénea, justamente para evitar este desfase”.

Agregó que como resultado de este desfase hay una “escalada en el sentido de impunidad”, marcada por la ineficiencia de las fiscalías para poder adoptar los nuevos estándares de procuración de justicia, lo que, dijo, ha dejado un mensaje a la sociedad de impunidad.

Para la investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), Laura Londoño,una etapa de investigación mal llevada, es la causa de que los expedientes de los Ministerios Públicos no concluyan con imputaciones concretas y efectivas.

El reto, después de la creación de las leyes, es la consolidación del mismo sistema teniendo en la mira una mayor capacitación y la contratación del personal adecuado, además de la aceleración en los procesos de justicia hacia la ciudadanía, aseveró.

Los avances

Los investigadores coincidieron en que dentro de este nuevo sistema penal existieron avances en los derechos humanos de los acusados durante el proceso penal.

En el reporte “Hallazgos 2016. Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal”, el CIDAC propone también fortalecer las unidades de seguimiento a medidas cautelares en los estados y que el sistema penitenciario sea parte de los planes del nuevo modelo.

Esto pese a que en marzo pasado, Luis María Aguilar, ministro-presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, advirtió que el sistema corre el riesgo de viciarse, generar inercias burocráticas y tener alcances limitados contrarios a los propios reclamos que le dieron vida en el 2008.

Consideró que el esfuerzo realizado hasta el momento ha logrado detener la inercia de ineficiencias sistémicas, y defendió que el Consejo de la Judicatura no permitirá caer en el riesgo de “dejar que las cosas tomen su cauce, o se acomoden las cosas”, o incluso que sean las causas penales y la litigiosidad de las partes las que “marquen el camino”.

lmo