El INEGI interpuso una controversia constitucional ante la SCJN por la aplicación de la Ley de Remuneraciones que impide a los funcionarios ganar más que el presidente, además del recorte presupuestal, el cual implicaría cancelar hasta 14 estudios que realizan habitualmente.
A su decir, la controversia se interpone tras el establecimiento de un techo global de gasto insuficiente, el cual impide realizar sus funciones; además de que la reducción de salarios para los servidores públicos viola su autonomía, se establece en un comunicado.
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