Mineros masacran a tribu en el Amazonas
Amazonia Real afirmó que es la peor masacre en una aldea aborigen cometida desde 1993.
Se trata de la presunta masacre a una aldea indígena que no tiene contacto con la civilización occidental cometida por las mafias de extracción ilegal de oro y diamantes.
El genocidio ocurrió en el Valle del Javarí, cerca de la frontera entre Brasil, Perú y Colombia, en lo más profundo de la selva amazónica, donde las tribus escapan de los traficantes de madera y de las mafias de extracción de oro, conocidos como “garimpeiros” en Brasil.
El sitioAmazonia Real, de Manaos refirió que pese a que se desconoce la cantidad de personas asesinadas, se trata de la peor masacre en una aldea aborigen cometida por la mafia de minerales después de la ocurrida en 1993 cuando los buscadores de oro mataron a 16 yanomamis.
El líder de la tribu Warikama Djapar, del territorio indígena del Vale do Javarí, dio a conocer que entre “18 y 21 indígenas, mujeres y niños incluidos fueron asesinados”, según la ONG Survivor, que en los últimos años trabaja a favor de preservar a las comunidades indígenas que no quieren estar en contacto con la civilización occidental.
El Ministerio Público brasileño de Amazonas rechazó las declaraciones que confirmaban dicho asesinato de los llamados pueblos aislados dijo a AFP el fiscal Pablo Luz Beltrand.
El fiscal Beltrand declaró que “no hay confirmación de las muertes” dos días después de que la asesoría de comunicación del despacho confirmara las muertes de los indígenas aislados a la agencia de noticias Amazonia Real.
Además el funcionario se negó a confirmar si fueron detenidos mineros ilegales,mientras que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) afirmó en un comunicado que mineros ilegales fueron detenidos y llevados a declarar sobre el caso.
Esta noticia sale a la luz dos semanas después de que el presidente Temer decidiera la extinción de una reserva mineral del tamaño de Suiza para abrirla a la exportación del oro por parte de empresas extranjeras.
Dicha decisión fue pospuesta por el gobierno 120 días para someterla a audiencias públicas y aclaró que no podrá ejercerse actividad minera en las áreas indígenas que están protegidas.
kcg
