Vinculan a proceso a dos personas por difundir fotos de Octavio Ocaña

Octavio Ocaña murió el pasado 29 de octubre de 2021 durante una persecución policiaca en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

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Escrito por: Redacción adn40
Vinculan a dos personas por difundir fotos de Octavio Ocaña
Instagram/octavioocaa

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó la vinculación a proceso de dos personas por difundir fotos del cadáver del actor Octavio Ocaña .

La paramédica Marcelina “N” y el policía Raúl “N” fueron separados del cargo el 17 de marzo como sanción parte de la “Ley Ingrid”, luego de haber tomado imágenes del cadáver del actor Octavio Ocaña, con sus celulares.

De acuerdo con la fiscalía mexiquense, el 29 de octubre pasado, las dos personas habrían difundido fotografías del actor que dio vida a “Benito Rivers” mediante WhatsApp.

A través de redes sociales circularon fotografías de Octavio Ocaña cuando se encontraba sobre la plancha del área de Patología del hospital de Lomas Verdes, clasificado por las leyes mexiquenses como delito contra el respeto a los muertos.

Octavio Ocaña, de 22 años, murió el pasado 29 de octubre de 2021 durante una persecución policiaca en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

La camioneta del autor quedó impactada sobre la autopista Chamapa-Lechería, y donde se encontró a Octavio Ocaña con un impacto de bala que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, habría sido disparado accidentalmente por el mismo actor.

Qué es la “Ley Ingrid”

La “Ley Ingrid” surge a raíz de la difusión en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes del feminicidio de Ingrid Escamilla, ocurrido en la Ciudad de México el 9 de febrero de 2020.

La divulgación masiva del cuerpo de la víctima mutilado conmocionó a la sociedad que exigió que pararan las filtraciones del expediente de la fiscalía.

La “Ley Ingrid” no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas que buscan evitar la exposición de las personas ante los medios para proteger la intimidad y dignidad de las víctimas y sus familiares, combatir la violencia mediática de género y su normalización; sancionando a las personas y servidores públicos que realicen dichas conductas.

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