Un juez federal absolvió a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Sedatu y Sedesol, en el proceso que enfrentaba por la llamada “Estafa Maestra” después de decidir que los hechos que se le atribuyen se tienen que sancionar por la vía administrativa.
La mañama de este viernes 24 de febrero, Rosario Robles, acudió a los juzgados federales del Reclusorio Sur en la Ciudad de México, donde un juez definió si había un delito penal o falta administrativa por uso indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra, por el cual permaneció tres años en prisión en Santa Martha Acatitla.
A seis meses de que la exfuncionaria abandonó el penal femenil, el juez federal revisó si existieron los suficientes elementos para reclasificar el delito de uso indebido del servicio público del que se le acusaba.
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La diligencia fue programada por orden del Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México, que en enero le concedió un amparo para que sea debatido este argumento planteado por la defensa de la exsecretaria de Estado. Acompañada de su hija Mariana Moguel y de su abogado, Rosario Robles ingresó al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.
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¿De qué acusaban a Rosario Robles en el caso de la Estafa Maestra?
A Rosario Robles no se le acusaba de desviar recursos de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mientras se desempeñó a su cargo, sino que hizo caso omiso de las observaciones hechas por la Auditoría Superior de la Federación sobre aparentes desvíos de recursos.
El argumento de los abogados ante el Tribunal fue que el delito por el que se le persiguió penalmente a la exfuncionaria es en realidad una falta administrativa contemplada en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que no merece cárcel, sino, como máximo, la inhabilitación para poder ejercer cargos públicos.
Recordemos que Rosario Robles salió del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, el pasado 19 de agosto, tras conseguir la libertad provisional con la prohibición de salir del país y presentarse cada 15 días a la Unidad de Medidas Cautelares.
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