La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió ocho controversias constitucionales promovidas por el mismo número de municipios para impugnar la Ley de Seguridad Interior, dado que los recursos argumentan que la norma invade su esfera de competencias en materia de seguridad pública.
Las controversias admitidas son las de los municipios de Nezahualcóyotl, Ocuilan y Cocotitlán, en el Estado de México; de los municipios yucatecos de Oxkutczab, Tepakan y Hoctun, y de los de Ahuacatlán y Tepeyahualco en Puebla.
Estas demandas se suman a las presentadas por los municipios de San Pedro Cholula, Puebla, e Hidalgo del Parral, Chihuahua.
El Ministro Instructor admitió previamente las acciones de inconstitucionalidad de la CNDH, de minorías de diputados y senadores y del INAI.
La Ley de Seguridad Interior contempla un marco jurídico de acción para las fuerzas armadas en tanto realicen acciones de seguridad en el territorio nacional.