Bitácora de Guerra por Hannia Novell: La violencia contra las mujeres duele, agravia, hiere, insulta. También mata. Las múltiples violencias que se ejercen contra las mujeres son el resultado de una sociedad que normaliza la discriminación y la desigualdad; una tolerancia social que también justifica el acoso, la trata, los golpes y humillaciones, la brecha salarial y la destrucción moral.
Por eso, un agresor ejerciendo funciones públicas es doblemente peligroso.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram
y lleva la información en tus manos.
De acuerdo con un reporte del Instituto para la Mujer de la Universidad de Georgetown y el Centro sobre Género, Paz y Seguridad, en países como Noruega, Finlandia e Islandia se reportan cero feminicidios y las mujeres tienen altos niveles de participación económica, oportunidades educativas, la protección de los servicios públicos de salud y empoderamiento político.
Lamentablemente, nuestro país no forma parte de esa lista. Al cierre de 2022, en México la violencia contra las mujeres alcanzó cifras históricas en delitos como el homicidio culposo, lesiones, violación, extorsión y corrupción de menores, además de un alza considerable en las llamadas de auxilio por diversas violencias de género.
Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que sólo el año pasado se registraron 23 mil 102 casos de mujeres que fueron víctimas de violación y 67 mil 315 denuncias de mujeres quienes fueron lesionadas de manera intencional.
¿Qué acciones se levan a cabo en entidades en contra de la violencia contra mujeres?
Debemos reconocer el progreso que se ha registrado en algunas entidades federativas, donde ser deudores de pensión alimentaria o estar acusados por violencia familiar o contra las mujeres, representa un impedimento para acceder a puestos de elección popular.
Está el caso de Yucatán, recientemente ratificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se prohíbe que los deudores de pago de pensiones alimentarias accedan a cargos públicos, incluidos, por primera vez, los de elección popular.
Lee más de Hannia Novell: Mujer, vida y libertad, Bitácora de Guerra
En Hidalgo se avaló en 2022 la exclusión sólo en los puestos de la administración estatal y comisionados del Instituto local de Transparencia; y en Nuevo León la inhabilitación sólo aplica cuando exista sentencia condenatoria definitiva y el delincuente este cumpliendo su pena.
Los avances locales son relevantes. Sin embargo, es preciso que el Congreso trabaje en una legislación federal, que aplique en todo el territorio nacional, para cerrarle el paso a representantes populares y funcionarios designados o por concurso que transgredan la ley, abandonan económicamente a sus hijos, cometen delitos sexuales y ejercen violencia contra las mujeres que viven en su entorno, sean esposas, novias, amigas, colaboradoras o empleadas.
Los servidores públicos y representantes populares deben acreditar un modo honesto de vivir y, desde sus trincheras y niveles de responsabilidad, velar por la igualdad de género, eliminar la violencia contra las mujeres y garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes.
Te puede interesar: Ya se murió el amor: Los divorcios al alza. Bitácora de Guerra por Hannia Novell
Los cargos públicos, sean por designación o por el voto ciudadano, no deben estar exentos de cumplir con la ley y, mucho menos, pueden utilizar el halo del poder político para transgredir las reglas.
México merece un servicio público libre de agresores, acosadores de mujeres o deudores de pensión alimenticia. Es un mundo posible.
Bitácora de Guerra por Hannia Novell.
@HanniaNovell
adn40 Siempre Conmigo.