Libertad de prensa en peligro en América Latina: El Salvador, Venezuela y Nicaragua casos de represión y censura

En El Salvador, la libertad de prensa enfrenta un deterioro alarmante, denunciado por más de 15 organizaciones internacionales de prensa como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ).

Estas entidades reportan un patrón sostenido de hostigamiento, intimidación y restricciones arbitrarias contra periodistas, lo que ha provocado el desplazamiento forzado de al menos 40 profesionales, quienes han investigado abusos de derechos humanos, corrupción y falta de transparencia.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) documentó 789 ataques contra la prensa en 2024, un aumento del 154% respecto al año anterior, con siete de cada diez agresiones cometidas por funcionarios públicos, consolidando al Estado como principal agresor.

La situación se agrava con la reciente aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, que impone severas restricciones y puede ser utilizada para perseguir a periodistas y defensores de derechos humanos, además de que existen denuncias no aclaradas sobre listas de vigilancia y amenazas de captura contra comunicadores críticos.

El caso emblemático es el del medio digital El Faro, cuyos periodistas enfrentan órdenes de captura tras investigaciones sobre presuntos pactos entre el gobierno y pandillas, lo que ha generado una campaña de difamación en su contra.

En Venezuela, la libertad de prensa también está severamente amenazada. El gobierno de Nicolás Maduro ha impuesto un control férreo sobre los medios, con constantes ataques, censura y persecución a periodistas independientes y medios críticos. La situación ha generado un clima de autocensura y exilio forzado, limitando gravemente el acceso a información plural y veraz.

Un caso representativo es el de Carlos Julio Rojas, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas seccional Distrito Capital, quien el pasado domingo 15 de junio cumplió 14 meses de prisión en el Helicoide, en Caracas. Se le acusa de presuntamente cometer los delitos de asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, instigación para delinquir y magnicidio en grado de tentativa.

Durante este tiempo, se le ha negado el derecho a una defensa adecuada, ya que el tribunal impide que sus abogados privados sean juramentados, denunció Joel García, abogado y defensor de derechos humanos. Además, uno de sus defensores, Eduardo Torres, fue víctima de desaparición forzada desde el 9 de mayo, hasta que se confirmó que también se encuentra detenido en el Helicoide.

En Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega , la prensa independiente enfrenta una escalada de ataques que incluyen allanamientos de redacciones, hostigamiento, persecución judicial y encarcelamiento de periodistas y opositores.

En Nicaragua, varios periodistas han sido encarcelados y obligados al exilio en los últimos años, enfrentando una creciente represión por parte del gobierno. Organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación han denunciado la detención de periodistas, como Leo Cárcamo Herrera y Elsbeth D’Anda, y la desaparición forzada de Fabiola Tercero Castro. Además, muchos periodistas han tenido que huir del país debido a las amenazas y la persecución, incluyendo a 46 que se exiliaron en 2024, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED).

Desde su fundación en 1926, La Prensa ha resistido a lo largo de su historia tres dictaduras. En la actualidad, todo su equipo periodístico opera desde el exilio, sin una oficina física ni la posibilidad de imprimir el periódico: “Nuestro edificio fue tomado. El gerente general, Juan Lorenzo Holmann, estuvo encarcelado durante 18 meses, luego fue desterrado y se le quitó la nacionalidad”, explicó Medina.

Estas situaciones en El Salvador, Venezuela y Nicaragua reflejan un patrón regional de deterioro de la libertad de prensa, donde gobiernos autoritarios utilizan leyes restrictivas, persecución y violencia para silenciar a la prensa independiente, afectando gravemente la democracia y el derecho a la información en América Latina. Organizaciones internacionales instan a estos gobiernos a cesar el hostigamiento y garantizar la integridad y libertad de los periodistas para el fortalecimiento de sociedades democráticas.

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