Uber, Didi y Rappi piden a la SCJN analizar impuesto por uso de infraestructura; aseguran es discriminatorio
Señalan que otras industrias de logística no pagan dicho impuesto, por lo que imponerlo a Didi, Uber y otras constituye una disposición discriminatoria
A través de un comunicado, Alianza In México, asociación que representa a plataformas digitales como DiDi, Lalamove, Mensajeros Urbanos, Rappi y Uber, hizo un llamado a los ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que se analice de manera integral la constitucionalidad del un impuesto que se cobra por aprovechamiento por el uso y/o explotación de la infraestructura de la Ciudad de México.
Este impuesto está dirigido a plataformas digitales de intermediación establecido en el artículo 307 TER del Código Fiscal de la CDMX; sin embargo, la aociación argumentó que se trata de un cobro que no aplica de forma equitativa.
El pasado 30 de abril en sesión pública, la mayoría de los integrantes de la Segunda Sala de la SCJN se pronunció en contra del proyecto por el que se confirmaba el amparo concedido a una de las empresas integrantes de Alianza In México en contra de la medida mencionada. En ese sentido, el asunto debe ser expuesto nuevamente para posteriormente ser sometido a la consideración de dicha Sala.
Plataformas aseguran que el impuesto no es equitativo
Por tanto, Alianza In México solicitó ministros a considerar en su análisis y deliberación cómo este impuesto denominado “aprovechamiento” resulta en un tratamiento fiscal inequitativo, constituye una disposición discriminatoria de carácter recaudatorio al no aplicarse de forma general a otras industrias logísticas que también hacen uso de la infraestructura urbana y que crea cargas recaudatorias que violan los principios de justicia tributaria.
Las plataformas que integran Alianza In México permiten a miles de negocios y emprendedores acceder al comercio digital, ampliar sus canales de venta y generar más empleo. En un entorno donde la economía digital es un motor clave de desarrollo, es indispensable evitar medidas que desincentiven la digitalización, distorsionen la competencia y creen barreras innecesarias al crecimiento del ecosistema digital.
Las plataformas digitales confían en que se considere la inconstitucionalidad de este cobro, que compromete la competencia, la sostenibilidad y el desarrollo económico equitativo en México.
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